- El V Foro “Cierre minero: una decisión sobre nuestro futuro como país” abordó las responsabilidades que deberán atenderse durante el cierre, el marco jurídico vigente y las condiciones de desarrollo expuestas por residentes de Donoso.
Las obligaciones ambientales asociadas a una operación minera de la magnitud de la ubicada en Donoso no desaparecen cuando termina la extracción. La intervención ya realizada exige planificar la gestión de la instalación de manejo de relaves, el drenaje ácido, la calidad de las aguas, la restauración de las áreas intervenidas y el monitoreo posterior, como parte de un proceso de cierre seguro, ordenado y definitivo.
Estos desafíos marcaron el V Foro “Cierre minero: una decisión sobre nuestro futuro como país”, organizado por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas en Panamá del Comité Panameño de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Isaías Ramos, auditor ambiental y técnico del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), explicó que estos componentes requieren información verificable para determinar las medidas de mitigación, remediación y seguimiento necesarias. Gabriel Jácome, biólogo y auditor ambiental, abordó las obligaciones vinculadas con la protección de las comunidades y el cumplimiento de los compromisos sociales asociados al proyecto.
El foro puso el foco en lo que deberá ocurrir durante el cierre y post-cierre: definir responsabilidades, mantener controles sobre los riesgos identificados y evitar que obligaciones ambientales de largo plazo queden sin atender o sean trasladadas al Estado y a la sociedad panameña.
Donoso: desarrollo y compromisos pendientes de verificación
Inés Sutherland y Rubén Ayarza, residentes de Donoso, llevaron la discusión a las condiciones de vida del distrito. Sutherland señaló que, de sus 54 comunidades, solo tres cuentan con carretera asfaltada y electricidad, mientras persisten dificultades de acceso a salud, educación, agua potable y conectividad. Ayarza destacó el potencial del turismo comunitario y de una producción agropecuaria amigable con el ambiente, que incluya rubros como café, coco y plátano. También sostuvo que la falta de mejores vías limita las posibilidades de llevar esa producción a los mercados y generar mayores ingresos dentro del propio territorio.
Frente a estas carencias cobra relevancia el Compromiso 13334 establecido para el proyecto minero, que contemplaba programas directos de desarrollo comunitario durante la fase de construcción, con una inversión de US$600 mil en 2010 que debía incrementarse a US$5 millones anuales durante el resto de ese período. La Auditoría verificó registros por aproximadamente US$7.5 millones correspondientes a 2018 y 2019, pero la documentación disponible no permitió comprobar de manera integral el cumplimiento de la obligación prevista desde 2010.
Para ambos residentes, la participación comunitaria debe responder a las condiciones reales del territorio. La limitada disponibilidad de electricidad e internet, explicaron, dificulta que numerosas comunidades participen en procesos de información y consulta desarrollados únicamente por medios digitales.
El cierre definitivo debe ajustarse al marco jurídico vigente
Carlos Bichet, abogado, profesor universitario y especialista en derecho internacional de los derechos humanos, analizó el marco jurídico que rige el cierre definitivo de la mina y los límites que este establece ante cualquier planteamiento de reactivar la explotación.
Durante su exposición explicó que el Informe Final de la Auditoría Integral de Cobre Panamá realizado por la multinacional de origen suizo SGS Panama Control Services Inc. (SGS), es un insumo técnico y no modifica las obligaciones derivadas de los fallos de inconstitucionalidad relacionados con los contratos mineros, la Ley 407 de 2023 y la Resolución de Gabinete No. 19 del 27 de febrero de 2024. Esta última ordenó identificar las condiciones ambientales del sitio, los riesgos existentes y las medidas necesarias para sustentar un Plan Ordenado de Cierre Definitivo.
Bichet señaló que estas disposiciones establecen un nivel de protección ambiental que debe respetarse. Cualquier decisión que lo reduzca tendría que examinarse a la luz del principio de no regresividad en materia ambiental.
Sobre los arbitrajes de inversión relacionados con la mina que se tramitan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), precisó que, aunque permanecen suspendidos por acuerdo de las partes, no han concluido.
El cierre no se agota en su dimensión jurídica ni en la clausura física de las instalaciones, puntualizó. Exige planificación, supervisión de las autoridades, participación ciudadana y seguimiento de las obligaciones ambientales, legales y sociales que permanezcan. Estas condiciones son necesarias para avanzar hacia un proceso seguro, ordenado y definitivo.
Al concluir el foro se entregaron dos publicaciones. Una de ellas, “Cierre definitivo de la mina en Donoso explicado con dibujos”, está pensada para toda la familia. Presenta información técnica y verificable mediante un formato claro, accesible y narrativo, con bibliografía y referencias que permiten profundizar en el tema. Su contenido busca despertar el interés y facilitar la comprensión de niños, jóvenes y adultos.
La otra, “¿Cómo conocer la salud de un río? Bioindicadores y macroinvertebrados”, explica cómo los organismos acuáticos ayudan a conocer las condiciones de los ríos. Los dos materiales se suman a los documentos y estudios disponibles en el Acervo de datos sobre cierre de minas, repositorio de la Mesa Técnica.
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