El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, afirmó que el examen de barra o de idoneidad debe ser necesario para todas las carreras, no solo para la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas; al tiempo que fue enfático en recalcar que “lo que hay que revisar es el contenido de esos exámenes, quién lo aplica y si el pensum académico está acorde a lo que se quiere medir”.
A juicio de la máxima autoridad universitaria, tarde o temprano todas las profesiones de este país tendrán que hacer ese examen: física, química, matemáticas, biología, etcétera; porque el examen de idoneidad “es la única garantía que tenemos de que no vaya a competir en el mercado alguien que tenga igual título que el mío, pero que no tiene la calidad profesional”.
En este sentido, el rector considera que decir que eliminar este tipo de examen no es racional, porque en el fondo le hacemos el juego a las universidades que no tienen la calidad que deben tener y nosotros tenemos que garantizar esa calidad.
En una ocasión, hubo una universidad en Bocas del Toro que graduaba licenciados en Matemáticas, pero resulta que al hacer una fiscalización de este centro de estudios superiores se detectó que los docentes que daban clases, ninguno era especialista en matemáticas, al final se logró cerrar. Esta es una de las razones por las que no se puede eliminar el examen de idoneidad.
Flores recomienda que, si hay que hacer correctivos se hagan, pero no se puede decir que hay que descartarlo, porque lo correcto sería que en el futuro todas las carreras pasen por esos exámenes.
Recientemente, se hizo público un descontento por el examen de idoneidad de los abogados que inició con la aplicación, dando como resultado que sólo 9 de 150 estudiantes de derecho lograron la calificación de aptos para desempeñar la profesión.
El acuerdo No 684 de 23 de marzo del 2023, establece como requisito que los futuros profesionales del derecho al concluir su pensum académico deben hacer el programa de formación para el ejercicio de la abogacía, impartido por el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial, cuya duración en es 160 horas semanales y termina con la aplicación del examen de barra.
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