El Consejo Académico de la Universidad de Panamá recomendó que la discusión del proyecto de ley del contrato de concesión minera entre el Estado panameño y Minera Panamá S.A, sea suspendida y que la nueva relación contractual se someta al más amplio proceso de consulta ciudadana, debe ponderar elementos como los aquí esbozados.
La decisión se toma luego que el pasado 27 de septiembre, en el Centro Regional Universitario de Coclé, durante la celebración del Miércoles Universitario se realizó el foro "El Contrato Minero en Panamá: Economía o Ambiente".
Entre las consideraciones de las autoridades universitarias, se critica el monto anual recibido por el Estado, que disminuye después de 2041, lo que es considerado como desfavorable.
Asimismo, analizaron la Cláusula XVI del proyecto de ley, en la cual, destacan que la empresa Minera Panamá, S.A. debe realizar un pago anual al Estado panameño de al menos 375 millones de balboas, denominado "ingreso mínimo garantizado". Este monto es superior al contrato anterior y podría considerarse para un aumento.
La Cláusula XIX establece que Minera Panamá, S.A. debe pagar al Estado panameño 395 millones de balboas en un plazo de 30 días después de la publicación de la ley que aprueba el contrato en la Gaceta Oficial. Esto cierra todas las obligaciones tributarias y podría evaluarse una extensión del plazo.
Las autoridades resaltaron que el 50% de los ingresos mínimos se asignará al programa de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, beneficiando dicho programa, así como el hecho de que la ejecución del proyecto implica grandes inversiones y la creación de empleo para alrededor de 5,000 ciudadanos panameños.
De igual manera, señalaron que el literal "c" de la Cláusula XXXIX destina parte de los ingresos anuales del contrato a un fondo de becas en el extranjero para la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá.
Sin embargo, subrayaron que el estudio de impacto ambiental que respalda esta actividad minera data de hace más de una década, y que, a pesar de haber sufrido modificaciones, no se especifica la fecha de su última actualización. Por lo tanto, se recomienda realizar un nuevo estudio de impacto ambiental”.
“Preocupa que, en el borrador del proyecto, en el numeral 9 de la cláusula III del borrador del proyecto de ley, se concede a Minera Panamá, S.A. el derecho a solicitar restricciones de vuelo en el espacio aéreo nacional. Esto plantea preocupaciones sobre la soberanía nacional, según lo establecido en la Constitución Política”, apuntaron entre sus consideraciones.
La cláusula III del contrato permite a Minera Panamá, S.A., diseñar, construir y operar instalaciones portuarias con derechos exclusivos de cobro por uso. Esto sugiere que la concesionaria será la única beneficiaria de estas actividades.
De igual manera, se plantea la posibilidad de ceder una concesión de exploración a una empresa afiliada a Minera para minerales distintos al cobre sin licitación pública. Esto podría afectar la compensación al Estado.
Por su parte, en el numeral 10 de la cláusula III otorga a Minera Panamá, S.A., el derecho a construir viviendas y centros comerciales sin explicar su finalidad, lo que genera ambigüedad.
El foro realizado en Coclé propició un ambiente abierto de discusión sobre el tema de la minería en Panamá y se presentaron consideraciones de índole social, ambiental, y económica.
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